Durante la madrugada del pasado 11 de noviembre 150 policías, la mayoría de los cuales pertenecían a las brigadas antiterroristas, rodearon un pueblo de 350 habitantes en la meseta de Millevaches antes de penetrar en una granja para arrestar a 9 jóvenes (que habían recuperado la tienda de ultramarinos para intentar reanimar la vida cultural del pueblo). Cuatro días más tarde las 9 personas detenidas fueron llevadas ante un juez antiterrorista y “acusados de asociación de malhechores con fines terroristas”. Los periódicos informan que la ministra del Interior y el jefe del Estado “han felicitado a la policía y a la gendarmería por su presteza” Todo está aparentemente en orden. Pero intentemos examinar más de cerca los hechos y delimitar las razones y los resultados de esta “presteza”. Primero, los motivos: los jóvenes que han sido detenidos “estaban siendo vigilados por la policía a causa de su pertenencia a la extrema izquierda y a la esfera anarco autónoma”. Como precisa el entorno de la ministra del Interior, “tienen discursos muy radicales y contactos con grupos extranjeros”. Pero hay más: algunos de los detenidos “participaban de manera regular en manifestaciones políticas”, por ejemplo, “en las manifestaciones contra el fichero Edvige [1] y contra el refuerzo de medidas sobre la inmigración”. Una adhesión política (es el único sentido posible de monstruosidades lingüísticas como “esfera anarco autónoma”), el ejercicio activo de las libertades, el sostenimiento de discursos radicales basta para poner en marcha a la Subdirección antiterrorista de la policía (Sdat) y a la Dirección central de la oficina de información del interior. Ahora bien, quien posea un mínimo de conciencia política no puede sino compartir la inquietud de estos jóvenes frente a la degradación de la democracia que conllevan el fichero Edvige, los dispositivos biométricos y el endurecimiento de las reglas de inmigración. En cuanto a los resultados, se podría esperar que los investigadores hubiesen encontrado en la granja de Millevaches armas, explosivos y cócteles Molotov. Ni mucho menos. Los policías de la Sdat cayeron sobre “documentos en los que se precisaban las hojas de paso de los trenes, municipio por municipio, con el horario de salida y llegada a las estaciones”. Es decir: un horario de la SNCF [2]. Pero también han requisado “material de escalada”. Es decir: una escala como las que se puede encontrar en cualquier casa de campo. Es momento de volver a las personas detenidas y, sobre todo, al presunto jefe de esta banda terrorista “un líder de 33 años que procede de una clase acomodada y parisina y que sobrevive gracias al apoyo económico de sus padres”. Se trata de Julien Coupat, joven filósofo que dio vida no hace mucho tiempo, con algunos de sus amigos, a Tiqqun, una revista responsable de análisis políticos sin duda discutibles, pero que se sitúa aún hoy entre los más inteligentes de este periodo. Yo he conocido a Julien Coupat en esa época y guardo de él, desde un punto de vista intelectual, una perdurable estima.
Pasemos pues a examinar el único hecho concreto de toda esta historia. La actividad de los detenidos podría relacionarse con los actos malintencionados contra la SNCF que han causado el 8 de noviembre el retraso de algunos TGV [3] de la línea París-Lille. Estos dispositivos, si creemos las declaraciones de la policía y de los propios agentes de la SNCF, no pueden provocar en ningún caso daños a las personas: pueden como mucho al obstaculizar la alimentación de los pantógrafos de los trenes, causar retrasos de éstos últimos. En Italia, los trenes llegan con retraso muy a menudo, pero nadie ha pensado todavía acusar de terrorismo a la sociedad nacional de ferrocarril. Se trata de delitos menores aunque nadie los apruebe. El 13 de noviembre un comunicado de la policía afirmaba con prudencia que, tal vez, hay “autores de los daños entre los detenidos, pero que no es posible imputar una acción a alguno de ellos”.
La única conclusión posible de este tenebroso asunto es que aquellos que hoy en día se comprometen activamente contra la manera (discutible) en la que se resuelven los problemas sociales y económicos, son considerados ipso facto como terroristas en potencia, aunque ningún acto justifique esta acusación. Hay que tener el coraje de decir con claridad que hoy, en numerosos países europeos (en particular en Francia y en Italia) se han introducido leyes y medidas policiales que en otros tiempos habrían sido juzgadas como bárbaras y antidemocráticas y que no tienen nada que envidiar a las que estaban en vigor en Italia durante el fascismo. Una de estas medidas es la que autoriza la detención preventiva durante 96 horas de un grupo de jóvenes imprudentes, tal vez, pero a los que “no es posible imputarles una acción”. Otra igual de grave es la adopción de leyes que introducen delitos de asociación cuya formulación se deja intencionadamente en la ambigüedad y que permiten clasificar como “con fines” o “con vocación terrorista” unos actos políticos que hasta ahora nunca habían sido considerados como destinados a producir el terror.
1. El fichero Edvige consiste en la posibilidad de que el Ministerio del Interior pueda archivar toda información sobre los ciudadanos mayores de 13 años respecto a sus actividades políticas, filosóficas, sociales, etc.
2. Compañía nacional de ferrocarril.
3. Tren de alta velocidad.
Artículo aparecido en el diario francés Libération el 19 de Noviembre.
