En San Luis no han comenzado  las clases en ninguno de los niveles de la educación dependientes de la  provincia.
 La medida de fuerza,  iniciada el lunes 8 de marzo, se produce como respuesta a la irrisoria  oferta hecha por el gobierno provincial a los reclamos realizados por  los trabajadores de la educación.
 
 Los motivos de reclamo  son: 
 a)       el incremento del costo de vida (la inflación,  que desde las usinas de los Hermanos Rodríguez Saa, se agita como un  fantasma urdido por la malicia de Cristina Fernández, no existe para los  docentes); 
 b)       el deterioro objetivo de los ingresos de los trabajadores; 
 c)       la violación del principio constitucional de “igual  remuneración por igual tarea” (los docentes con doble cargo sólo cobran  un cargo y medio);
 d)       la falta de pago por zona desfavorable (maestros rurales o  docentes de escuelas alejadas de algún centro urbano; 
 e)       lo acordado a nivel nacional por la paritaria del sector y,  
 f)         la necesidad de que los docentes tengan un salario acorde  con sus responsabilidades: formar a la nuevas generaciones, capacitar  para vida en sociedad, educar en valores, tal como declara la Ley de Educación Nacional vigente. 
 Como es sabido, el acuerdo  paritario refrendado por el Ministerio  de Educación y los sindicatos del sector con representación  nacional fijó un salario inicial para el cargo testigo (maestro de  escuela) en $ 1.700. 
 Y mientras la media nacional  existente en la actualidad es de $ 1.100, en la provincia de San Luis,  una maestra que recién se inicia tiene un sueldo básico de $ 700. Sobre  esa base se realizarán los cálculos posteriores que determinarán  antigüedad, cálculo de aportes jubilatorios, aguinaldo, etc. 
  
 A  ello se le suma otra injusticia: 
 Se considera que una maestra  tiene un cargo cuando trabaja una jornada (4 hs.,  supongamos, por la mañana) en una escuela. Si la misma docente se  desempeña por la tarde en otra o en la misma escuela por un lapso  similar, se entiende que tiene doble cargo. Pues bien:  en la provincia de San Luis el gobierno sólo le reconoce la mitad del  segundo cargo, apropiándose ilegalmente del resto. Si se tratara de  producción de mercancías, tendríamos aquí un excelente ejemplo para  explicar la teoría marxista de la plusvalía. 
 
 Ante esta situación de reclamo y conflicto  generalizado, el gobierno ofreció un 10% de aumento al básico para el  mes de marzo y un generoso 5% para el mes de octubre. La insultante  inventiva gubernamental no tiene límites, pues según el discurso oficial  se pretende que a los $ 770 que quedarían como salario inicial, habría  que sumarles otros componentes que llevarían el salario de bolsillo a $  2.200. 
 Esta ramplonería oculta –no  sin malicia- que los $ 1.430 restantes son aportados, en buena medida  por el Estado Nacional, ya que incorporan los incentivos docentes y, en  el ejemplo difundido por el gobierno provincial, $ 360 de dos supuestos  hijo menores que percibirían cada uno los $ 180 impulsados por el  gobierno nacional para cada hijo menor.
 El paro de los docentes de  San Luis ha sido aprobado por la totalidad de los trabajadores de la  educación, quienes han dado muestras de absoluto acatamiento a la  medida, sosteniendo el reclamo de sus derechos a lo largo de dos semanas  seguidas, a las que se suma la tercera que comienza hoy. 
 Significa una experiencia de  lucha insólita en un territorio donde imperan el rumor, el discurso  único y el apriete y de la que no hubo experiencias así desde 2004,  cuando se llegó a situaciones de violencia ante las cuales el conjunto  de los medios nacionales, la sociedad argentina y hasta el gobierno  nacional se mostraron prescindentes.
 Las organizaciones gremiales  – UDA (Unión Docentes  Argentinos), ASDE (Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales), UTEP  (Unión de Trabajadores de la Educación Provinciales),  AMPPyA (Asociación de Magisterio Provincial Puntano y Afines) y SADOP  (Sindicato Argentino de Docentes Privados), han notificado  de la medida de fuerza tanto a la patronal gubernamental como al  Ministerio de Trabajo. Las referidas notificaciones se dan en el marco  de los procedimientos legales, sin que hasta la fecha el Ministerio de  Trabajo se haya expedido sobre el particular, dado que el paro se  inscribe no sólo dentro de los derechos establecidos por la Constitución  Nacional y por la de la Pcia. de San Luis, sino en el  de las normas específicas referidas a este tipo de reclamos que proceden  de pleno derecho.
 Frente a eso, funcionarios  de segundo nivel del gobierno provincial y “periodistas” con  preferencias en la pauta oficial de publicidad, algunos de los cuales  son o han sido funcionarios del gobierno –como es el caso de un ex  ministro, precisamente de educación- se han encargado de cuestionar la  legitimidad de la lucha de los docentes, la legalidad de la medida de  fuerza y la representatividad de las dirigencias gremiales que aparecen a  la cabeza. 
 No obstante, el gobierno que  encabeza Alberto Rodríguez Saa no se da por enterado. El gobernador es  hermano del senador nacional conocido como “el Adolfo”, ex presidente  provisional y devoto del  default,  actual amigo de  Eduardo Alberto Duhalde  (estratega del golpe de estado que desplazó “al Adolfo” mediante el  vacío de gobernadores en Chapadmalal cuando moría 2001). El senador  funge de cabeza visible del pseudoperonismo opositor en el Senado de la Nación. Como  es sabido, la dinastía Rodríguez Saa gobierna San Luis desde hace un  cuarto de siglo, valiéndose de un mecanismo de sucesión que les ha  valido el título de “los reyes del enroque”: cuando uno va de  gobernador, el otro es senador y viceversa y de una maquinaria de poder  que apuesta a un proyecto político concebido estratégicamente por el  actual senador y ejecutado arbitrariamente por la actual gestión.  
 El proyecto, que apunta a  consolidar un esquema social conservador, desdeña del desarrollo  industrial, aun cuando San Luis sea la provincia con el más alto  producto bruto industrial per cápita. En lugar de ello, el gobierno  procura fortalecer un esquema de poder que se apoya en el llamado Plan  de Inclusión, que no es más que un subsidio por desempleo con  contraprestación en servicios, cuyo propósito –además de garantizar la  subsistencia y reducir a cero el conflicto social, que no obstante se  filtra por la vía de la delincuencia-, es hacerles creer a los  desocupados que tienen un trabajo simplemente porque se les imponer el  uso de uniformes y se les exige asistencia a determinadas actividades. A  cambio perciben no un sueldo, ni antigüedad, ni aportes jubilatorios,  sino un subsidio por desempleo. Y una obra social que es financiada por  la masa de los empleados públicos. Entre otras obligaciones, los  desocupados beneficiarios de este “Plan” tienen la obligación de asistir  a actos políticos a favor del gobierno, del que constituyen su  infantería. Con cerca de 40.000 desempleados (que, obviamente no figuran  como tales en las estadísticas), San Luis  es el  primer estado del mundo en el que los desocupados  usan  uniforme.
 El conflicto que hoy entra  en su tercera semana, con un acatamiento prácticamente del 100%, tuvo  sus puntos salientes en las asambleas por establecimiento, por centros  de concentración (plazas o paseos), marchas diarias y cada vez más  nutridas (como es el caso de Villa Mercedes) y las  cuantiosas  marchas de los viernes hasta la casa de  Gobierno de San Luis, que reunieron 8.000 y 13.000 personas los  días 12 y 19 de marzo, respectivamente. La última actividad contó con la  presencia y el apoyo de la  CTA de La  Pampa, de la Unión de Educadores de la Provincia de  Córdoba y de una delegación del Sindicato de Camioneros, cuya presencia  (unos 20 trabajadores) sirvió a los lenguaraces gubernamentales para  desvirtuar la naturaleza del conflicto, al señalar que se trataba de una  movida política, que en las calles no había docentes y que los que allí  estaban habían dejado el cerebro en alguna playa de estacionamiento. 
 Así y todo el paro de los  docentes de San Luis no ha tenido la mínima repercusión en los medios  nacionales, que recuerda el vacío mediático de 2004, que se materializó a  partir de los “des-honorarios” percibidos por gran parte de los envidos  especiales para que abandonaran su tarea acallando el conflicto que  aquella vez culminó con brutales enfrentamientos entre los docentes por  un lado y los desempleados pagados por el gobierno junto a activistas  de un sindicato que a nivel nacional conduce un  dirigente que, lejos de la cuchara y los andamios, practica con  entusiasmo el arte de la venalidad.  
 Este silencio de radio (y de  diarios y de TV) observado a nivel nacional –fuera de alguna fugaz  referencia al hecho de que ocurre algo similar en Jujuy y Neuquén-  preocupa seriamente tanto a los docentes como a la sociedad sanluiseña  dispuesta a mirar la realidad con ojo crítico. Muchos se preguntan si  los medios nacionales estarán esperando que se quemen algunas gomas o  algunas camionetas, que haya enfrentamientos y violencia represiva como  en 2004 o, sencillamente, que haya un muerto. Si se parte de la vocación  carroñera de algunos medios nacionales, la hipótesis sería probable,  tanto si el conflicto se disuelve como si efectivamente estalla mal.  
 Asimismo, el malestar de los  docentes de San Luis incluye referencias al doble discurso instalado en  la sociedad argentina en general acerca del valor de la educación, cuya  importancia agota las consideraciones positivas que vas en un arco que  va desde los políticos más encumbrados hasta las personas más humildes.  Ello no obstante, el tema educativo queda siempre postergado con  respecto a otros como la inseguridad, las declaraciones apocalípticas de  alguna dirigente alterada o los devaneos de un señor devenido en  artista sobre el talento de su empresa familiar para ganar dinero  vendiendo golosinas.