sábado, 2 de febrero de 2013



Comunicado 1/13, 
Desde algún lugar de la Seccional Sur.

El comandante Garufa, tras una intervención quirúrgico-militar exitosa, se encuentra en perfecto estado de salud y reponiéndose ininterrumpidamente

Desde aquí le hacemos llegar nuestra fuerza, y anhelo de recuperación.

Bases de Apoyo Filosófico.

¡Aprender, aprender y aprender!  

¡Althusser o muerte!

martes, 10 de enero de 2012

O Connor - Rock del suicida (video oficial) HD

La UAC alerta y en lucha

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
10 de enero de 2012


Documento de análisis y pronunciamiento
Unión de Asambleas Ciudadanas
La UAC alerta y en lucha frente a la avanzada represiva y militarista
y en repudio a la LEY AntiTerrorista

El contexto mundial
Desde los atentados a las Torres Gemelas en 2001 se viene profundizando una etapa caracterizada por el avance de un andamiaje militarista y represivo en todo el mundo. Durante la administración Bush, el contexto mundial era definido, desde el punto de vista militar, como de “guerra contra el terrorismo” en el cual las “operaciones especiales” y la “guerra secreta” ocupaban un lugar central. Si bien era esperable que el gobierno de Obama redujera la aplicación de los mecanismos de guerra secreta, en los cuales tiene un lugar central la actuación de servicios de inteligencia de manera “preventiva” para detectar “sospechosos” de integrar o apoyar de distintas maneras a los grupos terroristas, no fue lo que ocurrió. Por el contrario, la administración Obama ha aumentado, según una investigación del Washington Post de 2010, “las operaciones especiales a nivel mundial en presupuesto y cantidad”.
Este aumento de las operaciones especiales, es parte de la nueva Doctrina de Seguridad Nacional que el presidente Obama anunció a fines de mayo de 2010, que tiene determinadas “ventajas”: por un lado, el uso de fuerzas secretas en operaciones estratégicas tiene un beneficio especial en su propia naturaleza clandestina, evitando las críticas y reacciones contra la política de guerra estadounidense por parte de la opinión pública mundial; por el otro, el alto presupuesto de defensa que implican estas operaciones satisface al complejo militar industrial de ese país, que tiene en la sofisticación del armamento y el uso de alta tecnología bélica su gran negocio.
La guerra para la que se viene preparando el estado norteamericano no es una guerra convencional sino irregular, ya que las misiones más importantes de las fuerzas especiales son las de inteligencia, infiltración, subversión, contrainsurgencia y desestabilización que permiten desequilibrar al adversario “desde adentro”. La existencia de agencias como la USAID (United States Agency for International Development; Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) son las fachadas para canalizar fondos hacia actores que promueven la agenda norteamericana y para penetrar la sociedad civil de países con intereses estratégicos para la potencia del norte. Estos mecanismos de guerra contrainsurgente incluyen "operaciones especiales" tales como los asesinatos selectivos, el secuestro y la tortura, que se vienen poniendo en práctica en todas esas regiones estratégicas. Finalmente, las fuerzas armadas y las acciones de guerra tradicionales, lejos de desaparecer, no cesan de incrementar su despliegue y presupuesto. La guerra no convencional o "especial", estatal o paraestatal, no sustituye sino que es complementaria (a veces su forma de "vanguardia") de la guerra convencional tradicional.
El contexto latinoamericano
Son varios los aspectos que tenemos que tener en cuenta para analizar la avanzada militarista en nuestro continente desde el inicio de este milenio:
Por un lado, se considera que existen nuevas amenazas del siglo XXI a la seguridad, que son transnacionales, no tradicionales, entre las cuales se mencionan: el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, los desastres naturales y ambientales, las organizaciones criminales transnacionales, la inmigración ilegal, los secuestros y las pandillas criminales.
A partir de estas consideraciones, EE.UU. viene solicitando la cooperación hemisférica y la revitalización de sistema interamericano, en cuanto a mecanismos de seguridad colectiva, que involucren a todos los países americanos, transformando de esta forma las preocupaciones y amenazas que hacen a la seguridad del estado norteamericano en problemas de seguridad común que requieren respuestas multilaterales. El ámbito en el que se discute esta normativa referida a la seguridad hemisférica es principalmente la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, en la cual la principal potencia del continente pretende imponer normas continentales que respalden sus intereses particulares.
La cooperación hemisférica en seguridad propuesta por EE.UU. frente a las nuevas amenazas como el terrorismo requiere, también, un efectivo control de las fronteras latinoamericanas, con el objetivo de reducir las posibilidades de que se concreten atentados terroristas. Respondiendo a esta demanda, algunos gobiernos de América Latina han comenzado a implementar controles en las zonas de fronteras terrestres y del espacio aéreo, a través de la informatización de las oficinas de migraciones y la detección de aviones sospechosos a través de un sistema de radares.
Otro aspecto de la militarización se cristaliza en las maniobras militares conjuntas realizadas entre las tropas estadounidenses y las fuerzas armadas latinoamericanas, que tienen el propósito de preparar la participación de las fuerzas armadas de la región en fuerzas multilaterales, bajo la pantalla de la ayuda humanitaria a los países involucrados. Este tipo de ejercicios militares conjuntos permite a las fuerzas armadas extranjeras obtener datos concretos de los territorios en los que operan, tales como existencia de riquezas naturales y las características de las poblaciones. La presencia de tropas extranjeras en la región también contempla la realización de seminarios estratégicos, con miembros del Comando Sur de los Estados Unidos, y el intercambio con expertos en temas de defensa y seguridad, destinados no sólo a las fuerzas armadas, sino también a líderes civiles.
La colocación de bases militares de Estados Unidos en puntos estratégicos del continente es uno de los aspectos más destacados de la militarización de nuestra región. Estas bases tienen dos propósitos explícitos y evidentes: garantizar el acceso a los bienes naturales estratégicos y contener, disuadir y/o eliminar la resistencia ante las políticas hegemónicas y la insurgencia abierta. En este sentido es que debe entenderse el acuerdo firmado en 2009 entre los gobiernos de Colombia y EE.UU., que permitió que siete bases colombianas cuenten con presencia de militares norteamericanos.
El contexto nacional
En nuestro país se está implementando el uso de fuerzas especiales, que acompañan a las fuerzas represivas del estado, en determinadas “operaciones”. Estas fuerzas pertenecientes a las policías provinciales y a las fuerzas de seguridad nacionales actúan impunemente en los conflictos sociales, y en muchos casos para dirimir conflictos territoriales o reprimir sectores vulnerables de la sociedad. Las formas de operar de estas fuerzas con frecuencia implican la militarización de las comunidades en conflicto por la disputa en torno a los bienes comunes naturales, o de barrios marginales de las grandes ciudades donde habitan los sectores sociales “peligrosos para la seguridad ciudadana”.
Junto a las fuerzas de seguridad públicas y sus grupos de operaciones especiales, observamos también el uso de fuerzas de seguridad privadas que actúan muchas veces conjuntamente, en los conflictos sociales. Se trata de un aumento de la privatización de la represión, ya que la ejercen fuerzas represivas privadas, y del aumento de la represión con fines privados, ya que se defienden intereses empresariales que se oponen a los intereses de la sociedad en su conjunto.
En el ámbito estrictamente legal vemos que las estrategias utilizadas para judicializar las luchas sociales van desde la creación de figuras legales hasta la apertura de causas falsas para incriminar a lo/as luchadore/as sociales.
En el ámbito simbólico, destacamos la implementación de estrategias de estigmatización de los luchadore/as sociales a través de un discurso mediático y político que justifica la represión y legitima la relación directa entre pobreza y delincuencia.
Otro aspecto central de la militarización que nos interesa remarcar particularmente es la legislación antiterroristaque se viene imponiendo en el continente, que habilita a la vigilancia de la sociedad, -cuyos integrantes nos convertimos en sospechosos frente a la supuesta amenaza del terrorismo-, imponiendo mecanismos de control y una cultura del miedo que es parte de nuestra vida cotidiana.

Desde el 2005 la Argentina viene transitando el camino de aprobar convenios y leyes antiterroristas. Ya ese año, se convirtieron en ley dos convenios, la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, adoptada por la OEA en el 2002, y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la ONU en 1999.

A su vez, en 2007 se sancionó la ley N° 26.268 que incorporó al código penal los delitos de asociación ilícita terrorista y los de financiación de este tipo de asociaciones.

En esa ley se considera que una asociación ilícita terrorista tiene las siguientes características:
a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político;
b) Estar organizada en redes operativas internacionales;
c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas.
Ya en ese momento nos preguntamos ¿Quiénes son los terroristas?:
Y comenzamos a construir una respuesta colectiva basada en nuestras experiencias cotidianas de resistencias: Tanto la propagación de distintos odios, como la existencia de redes operativas internacionales, como la puesta en peligro de la vida e integridad de un número indeterminado de personas son características completamente aplicables a las formas de operar de las empresas transnacionales y sus socios políticos locales, en la implementación del modelo extractivo y productivo de esta etapa del capitalismo global, que responden con criminalización, represión, militarización y muerte a quienes se oponen a entregar los territorios y las formas tradicionales de habitarlos, a la mercantilización de la naturaleza y de toda expresión de vida.
Un nuevo proyecto de ley que el poder ejecutivo envió el 14 de octubre de 2011 al Congreso de la Nación, fue aprobado finalmente por el Congreso en Sesiones Extraordinarias y promulgado por el Poder Ejecutivo el 27 de diciembre con el N° 26.734. La ley determina un incremento de la escala penal para delitos que tengan por finalidad aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Además, establece que será reprimido con prisión de 5 a 15 años el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero a sabiendas de que serán utilizados para financiar un delito con finalidades terroristas.
En la fundamentación del proyecto se establecía a su vez que quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta social, toda vez que estos estén dirigidos a reclamar derechos individuales o colectivos; a su vez, en el artículo 3° de la ley dice:“Los agravantes previstos en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
A pesar de que pareciera ser un texto bastante amigable frente a las acciones de protesta social es necesario que los/as luchadore/as sociales estemos advertido/as, tal como lo expresa la carta pública elaborada por la REDAJ:
1) por el aumento de las penas frente a pretendidos actos terroristas o sus financiadores.
2) porque se utilizan conceptos muy imprecisos que abren la posibilidad de que sean aplicables a las figuras penales frecuentemente utilizadas para la criminalización de la protesta social, como en los casos de resistencia a desalojos, cortes de vías de circulación o actos de protesta en el espacio público.
3) porque el proyecto genera las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo.
4) porque, a pesar de que el proyecto establece que no se aplicará en los casos en que se trata del ejercicio de un derecho constitucional, no hay garantías de que los líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo.
5) además, dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de prueba, y deberán ser esos líderes sociales los que tengan que demostrar que no son terroristas en los procesos penales.
6) hay que tener en cuenta que este tipo de reformas son exigidas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro para las inversiones externas directas. De esta manera, se subordinan los derechos a la protesta social en pos de cumplir con exigencias impuestas por organismos financieros internacionales.
7) otro aspecto a destacar son los riesgos que corren las organizaciones que apoyen a los movimientos sociales, que podrían ser consideradas como financiadoras del terrorismo en la medida en que las acciones de protesta social de esas organizaciones sean consideradas como acciones terroristas.
De la misma manera que la avanzada militarista y represiva se puede observar en el continente a través del golpe de estado perpetrado en Honduras, de la permanente violación de los derechos humanos en Colombia y de los derechos ancestrales en Chile, por tomar sólo algunos ejemplos, en la Argentina hemos sido testigos de más de una decena de asesinatos vinculados a la defensa del territorio por parte de comunidades y poblaciones, el más reciente de los cuales es el de Cristian Ferreyra, compañero militante del Mocase, asesinado por un banda armada que opera al servicio de uno de los tantos empresarios que protagonizan, en muchas de nuestras provincias, violentos desalojos a comunidades campesinas e indígenas. La militarización y represión la vivimos actualmente en el amedrentamiento que vienen sufriendo desde el 1º de enero del corriente año las Asambleas Riojanas en defensa del Cerro Famatina, lo que se evidencia no sólo en el cerco que las fuerzas represivas especiales ejercen en el corte, sino también en la persecución, la intimidación, las amenazas, el armado de listas “negras” de luchadore/as que denuncian trabajos de inteligencia por parte de la empresa canadiense OsiskoMining Corporation y la judicialización de las luchas de compañero/as contra los proyectos megamineros en nuestra cordillera. Todo esto con el fin de que esos territorios transiten el camino de la mercantilización capitalista.
Finalmente como Unión de Asambleas Ciudadanas nos preguntamos cuáles son las razones del avance de la militarización de los territorios, la criminalización de las organizaciones sociales y la actuación de grupos de operaciones especiales en los conflictos sociales y creemos que se trata de poner en juego formas consideradas más eficaces que las tradicionalmente usadas por las fuerzas represivas del estado. Porque en la historia reciente de nuestro país y nuestro continente quedó demostrado que el pueblo organizado no se asusta ni se calla ante la represión, sino que se empecina en seguir defendiendo la vida y sus territorios. Y este empecinamiento cotidiano sólo tiene una respuesta desde el poder: el aumento de la represión, con la utilización de métodos y estrategias cada vez más sofisticados.
Frente a una avanzada represiva en aumento, los movimientos populares tenemos desafíos que van creciendo día a día, entre los cuales se destaca la consolidación de redes de resistencia que fortalezcan nuestras luchas territoriales. Estas redes son nuestra arma más poderosa porque se perfilan desde la solidaridad concreta y cotidiana, y tenemos que destacar que solidaridad es una palabra que no nos han podido robar porque no existe en el diccionario de empresas, gobiernos y justicias que pretenden avanzar sobre nuestros territorios y la autodeterminación de nuestras vidas en búsqueda de mayores ganancias al precio de más represión y de más muertes.

UAC – Unión de Asambleas Ciudadanas

Enero de 2012





UAC
Unión de Asambleas Ciudadanas
Contra el Saqueo y la Contaminación

miércoles, 4 de enero de 2012

el juego de las similitudes y las diferencias (JVG/UBA)

¿Qué es la Asamblea de la Carrera de Filosofía?

- Por la autoorganización de los estudiantes en un espacio público y abierto
- Independencia de las camarillas universitarias, del gobierno nacional y la oposición parlamentaria
- Por la transformación y democratización de nuestra carrera y sus organismos de co-gobierno

Este espacio de la asamblea de filosofía surge en el contexto de la toma de la facultad, de la necesidad de discutir y debatir asambleariamente las cuestiones que hacen a la universidad. Problematizamos la forma en que se produce conocimiento, la forma en que se organizan los órganos de gobierno y, asimismo, reivindicamos los métodos adoptados durante el conflicto: toma de decisiones en asambleas, comisiones mandatadas y revocabilidad de sus miembros votados en asamblea y las manifestaciones públicas, tanto las clases como las movilizaciones.

En este marco, hubo dos derroteros de discusión fundamentales: la reforma del plan de estudios y la junta departamental de la carrera. Consideramos que la junta departamental es un órgano antidemocrático por su propia forma de funcionamiento. Básicamente, la forma de representación política permite que una minoría tome decisiones en base a intereses espurios y a espaldas de la mayoría de quienes conformamos la carrera. En virtud de este carácter antidemocrático, buscamos democratizar todos los órganos de gobierno. En el mismo sentido nos declaramos independientes de todas las camarillas (tanto las trincheristas como las radicales) y de los intereses patronales que representan, de este modo también somos independientes del gobierno nacional y la oposición parlamentaria. De cara a nuestra intervención en la Junta Departamental, apostamos a organizarnos bajo la forma de la democracia directa. Esto significa no permitir ser sustituidos en la toma de las decisiones que nos competen a todos y todas. Dicho de otra manera, se trata de generar un espacio que se dé a sí mismo sus propias formas, métodos y reivindicaciones políticas.

Semejante apuesta implica para nosotros y nosotras, lo siguiente:

1. Convocatoria permanente a instancias públicas y abiertas para el tratamiento colectivo de los problemas de la carrera.
2. Delegados que asuman con la renuncia firmada, pudiendo ser revocados en cada asamblea y de carácter rotativo, para garantizar que cualquiera pueda ser delegado si así se decide. A su vez, estos delegados funcionarán como voceros de las decisiones tomadas en las asambleas.
3. Circulación permanente de la información como condición de posibilidad de cualquier decisión democrática.
4. Estas mismas instancias públicas y abiertas determinarán los criterios programáticos para asegurar el cumplimiento del mandato asambleario en las discusiones puntuales que se den en la Junta Departamental. Hemos avanzado con algunos criterios producto de nuestras asambleas precedentes, los cuales siempre pueden ser re-discutidos en cada asamblea. Los detallamos a continuación:

0) Todos los acuerdos son rediscutibles y están sometidos a las votaciones autónomas de cada asamblea.
1) La metodología de este espacio es la democracia directa con consejeros mandatados por la asamblea y revocables (asumen con la renuncia firmada).
2) Por una reforma del plan de estudios discutida democráticamente entre todos los claustros.
3) Defensa de las cátedras paralelas y seminarios colectivos, con renta para los docentes. Por la incorporación de contenidos críticos hoy vedados.
4) Por más presupuesto, más horarios de cursada —especialmente vespertinos— y renta a los ad honorem.
5) Democratización de los órganos de co-gobierno —que incluya claustro único docente y mayoría estudiantil— y del acceso a cargos de docencia e investigación. Democratización de la producción de conocimiento.
6) Reivindicación de la democracia directa, las asambleas y los delegados mandatados, y de los métodos de lucha del movimiento estudiantil, como las tomas y la lucha en las calles.
7) Por un movimiento estudiantil que se alíe en la lucha con los trabajadores y el pueblo. Por una educación popular con ingreso irrestricto.
8) Independencia de las dos camarillas de la JD y el decanato, tanto la trincherista como la radical. Independencia del gobierno nacional y de la oposición parlamentaria, que ponen la educación al servicio del mercado.

Esta es la manera que, a nuestro criterio, permite desarrollar y fortalecer una organización democrática capaz de intervenir en estos organismos antidemocráticos e imponer nuestros intereses. Te invitamos a construir en la asamblea la filosofía que queremos. Te invitamos a pelear por estas propuestas en la JD y en cada espacio que habitamos.

viernes, 14 de octubre de 2011

La fuerza del engaño.

¿Cecilia se fue en 2002 y volvió ahora?

¿Cecilia se fue en 2002 y volvió ahora? La fuerza del engaño.

Por Crítico de izquierda (@critico_de_izq)

Datos oficiales siguen desmintiendo los spots electorales del kirchnerismo. La situación de los investigadores y científicos argentinos.

El spot “La Fuerza de Cecilia”, parte de la campaña electoral de Cristina Kirchner, nos cuenta la situación de una investigadora “repatriada”, quien nos relata “En el año 2002 me fui a Alemania porque conseguí una beca, estaba muy triste…”. Sin embargo, a través de la web del Sistema de Información de Ciencia y Tecnología Argentino, observamos que figura como becaria del CONICET en el período 2002-2007, con una carga horaria semanal de 40 horas y un régimen de Dedicación Exclusiva. Llegado a la misma información, un contador difunde “la respuesta de Cecilia Mendive a su consulta”. La primer beca por una estadía en Berlín fue a fines de 2002, por unos meses, luego con su director de tesis de CNEA/CONICET organizan más estadías, “hubo idas y venidas, hice cursos de postgrado aquí en Argentina y algunos en Alemania, me case en Argentina”, “recién en el 2007 me establecí formalmente en Alemania”. Considera además que “Es común, muy común y sobretodo enriquecedor, que durante los doctorados se realicen estadías en otros laboratorios. Es más, hay muchas Universidades que contemplan como parte obligatoria del doctorado estadías en el exterior”. La “expatriación”, entonces, no parece haberse dado en 2002 como da a entender la propaganda, sino a mediados de 2007. En 2009 se pone en contacto con la embajada y vuelve “en diciembre de 2010”. Tenemos entonces que expatriación y repatriación se dieron ambos durante el kirchnerismo y en un lapso muy breve.

En la propaganda le llama “amor correspondido” a su regreso, que se da de la mano de una beca postdoctoral. Suena a “amor por conveniencia”, inscribiéndose en la costumbre propagandística K que habla una y otra vez de amor y alegría. ”La Fuerza de la Alegría” es otro de los spots de la campaña, difundido además con la variante de la candidatura a senador del “alegre” Aníbal Fernández. Vale recordar que uno de los publicistas K, Enrique Albistur, fue quien realizó la campaña de Menem en 1989, difundiendo por aquel entonces propagandas en las que afirmaba que “El Peronismo vuelve a enamorar”.

La información de la beca de Cecilia Mendive en el Sistema de Información de Ciencia y Tecnología Argentino estaba disponible en la “web”, allí se podía acceder a los currículos académicos de todos los becarios del CONICET y demás agencias. Llamativamente, en las últimas horas la información dejó de ser pública, aunque por un tiempo podremos observarla en la “caché web de Google” (el buscador almacena temporariamente todas las webs para acelerar las búsquedas).

En el “listado de repatriados” pueden encontrarse muchos casos similares, como el de Adrián Turjanski que se fue en julio de 2005 a EEUU y volvió 3 años después, Juan Facundo Albacete Colombo, de marzo de 2005 a marzo de 2007 realizó un posdoctorado en Italia, Pedro Blendinger quien hizo una especialización postdoctoral compartida entre el CONICET y la Universidad de Missouri (EEUU) y al termino de la misma se “repatrió”, etcétera. Muchos casos de doctorados en colaboración. ¿Cuántos de los llamados “repatriados” no fueron “expatriados” durante el propio kirchnerismo? Aquí simplemente hemos buscado unos pocos nombres al azar del listado oficial y no paramos de encontrar casos (en parte gracias a esa información que era pública y ya no lo es, pero por ahora sigue en la memoria de Google). ¿Cuántos más se fueron en estos ocho años? No hay información al respecto. 834 científicos repatriados es por lo tanto una cifra ‘bruta’, sin descontar los que se fueron y volvieron en el mismo período, ni considerando tampoco una cantidad desconocida de aquellos que se fueron en estos ocho años y permanecen en el exterior. El ministro Barañao calcula que hay “unos 7000 investigadores afuera”, con lo cual, aún con esas rápidas expatriaciones y repatriaciones (y sus diversas motivaciones), el panorama no se ha revertido realmente.

¿Y por casa cómo andamos?

No puede dejar de nombrarse la situación de los docentes e investigadores de universidades públicas en el país, en donde existen más de 30.000 cargos “ad-honorem”, eufemismo para trabajo gratuito. Por supuesto que la fuerza y el “amor NO correspondido” que ponen cada día no va a salir en un spot del gobierno.

Reclamos y paros en el CONICET

Los investigadores/trabajadores nucleados en ATE-CONICET y los Jóvenes Científicos Precarizados, becarios de diversos organismos de investigación científica, vienen llevando adelante una serie de reclamos por las condiciones en que trabajan. El miércoles 5 y el jueves 6 de octubre se realizó un paro nacional en el CONICET, con movilizaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Ciudad de Buenos Aires, y también en otros puntos del país. Entre los reclamos mencionan la inexistencia de paritarias, sectores que se jubilan con sólo el 45%, no cuentan con obra social, tienen básicos bajos y “salarios equivalentes a los que teníamos en el 2001, ya que los aumentos y el ‘Plan de Jerarquización’ apenas lograron compensar la devaluación y la inflación de esta década”. Piden asimismo la democratización del organismo. Señalan que “anualmente cerca de 1000 doctores/as de todas las áreas del conocimiento deben vagar para conseguir trabajo, siendo una inversión de largo plazo desperdiciada por el país”.

“La Democracia no llegó todavía al CONICET: 53 AÑOS SIN PARITARIAS. Record total en la Argentina. PARITARIAS YA!!!!” dicen desde la cuenta @ateconicet.

Armando Cassinera, delegado de ATE-CONICET Rosario, indicaba recientemente que “además de la precarización laboral de los becarios asistimos con preocupación al aumento de trabajadores con diversas modalidades de precarización bajo las distintas formas de pasantías y contratos, que lejos de ser situaciones excepcionales de corto plazo constituyen una política que coloca a los trabajadores en una situación de indefensión permanente”. Han realizado diversos reclamos, entrega de petitorios a la Presidenta, reuniones con funcionarios e incluso con el Ministro Barañao, a quien critican por sus promesas incumplidas: “se comprometió en otorgar obra social obligatoria a todos los becarios, re-escalofanamiento al Personal de Apoyo y equiparación salarial, y la generación de un proyecto de ley por un régimen jubilatorio unificado. Y al día de la fecha nada de ello cumplió”.

La situación de precariedad que padecen los investigadores también se produce en el área de la salud. El viernes 7 de octubre realizaron una conferencia de la que participaron delegados de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán”, la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), Cenareso (Centro Nacional de Reeducación Social), de la Asociación de Profesionales del Malbrán y del Instituto Nacional de Medicamentos. Indicaron que “Un técnico especializado, con formación específica y 5 años de antigüedad cobrará hasta junio de 2012 la suma de 3300 pesos. Con estos salarios no podremos seguir afrontando el control de las principales enfermedades infectocontagiosas como Gripe, Dengue, Hepatitis, Meningitis, Síndrome Urémico, Hemolítico, Tuberculosis, Hantavirus”. Señalaron que “al personal técnico-sanitario de los laboratorios no se les reconocen las funciones específicas. Sabe usted Sr. Ministro (Manzur) que requieren años de estudios específicos para cumplir sus funciones”. Denuncian a interventores que se dedican a vaciar los institutos, la inexistencia de concursos desde 1992, y comentan que “de los 834 científicos repatriados, ninguno vino a nuestras instituciones”

lunes, 19 de septiembre de 2011

Más setentistas que nunca: volvió la patota

19/09/2011 By

Por Diego Rojas @zonarojas

Las amenazas ejercidas sobre los choferes de colectivo de la línea 60 cambiaron su carácter a través de la transformación de cantidad en calidad. Esta madrugada, el auto de Néstor Marcolín, delegado sindical de los trabajadores de la línea que más público transporta en Buenos Aires, fue prendido fuego frente a su casa en el barrio de Flores.

No es el primer apriete que sufre el cuerpo de delegados de esa empresa. Sin embargo, es el episodio más alarmante de una serie de amenazas, tiros con armas de fuego, golpizas y provocaciones ejercidas por patoteros sindicales, barrabravas e, incluso, respetables empresarios. El atentado contra Marcolín se realizó en la víspera de unas asambleas para discutir reivindicaciones laborales programadas por los trabajadores en las cabeceras de la línea. Ante el atentado, que remite a las peores épocas de la Argentina, los trabajadores decidieron el paro, que se encuentra en realización.

“A las dos y media de la mañana llegué con mi señora y mis hijos a mi casa en el barrio de Flores –cuenta a plazademayo.com el delegado Marcolín–. A las tres sentí un ruido muy extraño, como una explosión, y salí a la calle. Entonces vi el auto prendido fuego. Llamé inmediatamente a los bomberos. Uno de ellos fue el que me dijo que esto no había sido un accidente, sino un incendio intencional. El mismo bombero llamó a la policía, que puso el auto bajo custodia y llamó a peritos policiales para investigar”.

El atentado marca un pico en los ataques de la empresa y la dirección del sindicato Unión de Tranviarios Automotor (UTA) contra la organización sindical de los trabajadores, que se ubica en la oposición a la jefatura gremial. En 2008, cuando se realizaron las elecciones que consagraron a la nueva comisión interna, una patota armada bajó de la Traffic del sindicato donde se transportaban las urnas para el comicio. La patota empezó a disparar balas de plomo para dispersar al activismo de la oposición, que iba a ganar la elección, como indicaban todos los pronósticos. Los atacantes fueron repelidos y la elección se llevó a cabo. Así se desplazó a la lista oficialista y comenzó el mandato sindical de un grupo de trabajadores que quería hacer cumplir las leyes laborales y que repudiaba a los delegados oficialistas y a su dirección, a la que acusan de actuar en connivencia con los empresarios.

“No podemos permitir un atentado –dice Daniel Farella, otro de los delegados sindicales–. No es el primer ataque que hemos sufrido, tenemos 20 denuncias hechas. Sin embargo, la policía no dice nada, la ministra Garré no dice nada. A veces pienso que esperan que uno de nosotros muera para que empiecen a actuar”. Las denuncias que los delegados realizaron demuestran un modus operandi repetido en los conflictos sindicales que se producen en el país. Direcciones sindicales burocratizadas recurren a patotas y barrabravas para lograr la paz social, tan cara al oficialismo, atacando a la oposición en los lugares de trabajo o en manifestaciones gremiales. El método que se conoce como la “tercerización de la represión”.

–Ya se lastimó a trabajadores –continúa Farella–. El mes pasado, antes de las elecciones que revalidaron nuestro mandato, dos personas se subieron a un colectivo, le mostraron un arma al chofer y le pegaron una trompada, mientras le decían que tenga cuidado en las elecciones.

–¿Quién realiza estos ataques? –pregunta plazademayo.com.

–Es gente de la UTA y de la empresa, ya que trabajan en forma conjunta. Reclutan a barrabravas que están en las inmediaciones de la cabecera, sin hacer nada. Y que aparecen cuando los llaman porque hay discusiones. Están armados. Son una amenaza permanente.

“Dentro de la empresa circulan ex delegados de otras líneas, armados, vigilando, sin cumplir ninguna función –denuncia Ángel Perticaro, delegado de la cabecera de Ingeniero Maschwitz de la línea 60–. Son ex delegados que como no pudieron revalidar sus mandatos por el repudio debido a su corrupción y accionar antiobrero, son traídos a otras empresas para que metan presión a los trabajadores. Actúan como sicarios de la empresa”.

–¿Qué se intenta producir con estos ataques?

–Nosotros nos oponemos a los intentos de precarización de la empresa. Los mecánicos están bajo el convenio de UTA. La empresa los quiere tercerizar. De ser así, estarían laburando 12 horas y por un salario igual a la mitad de lo que corresponde. A los empresarios y al sindicato les resulta insoportable que haya unos delegados que hagan cumplir a rajatabla el convenio colectivo de trabajo.

En la empresa Monsa S.A., nombre que rige la línea 60, decidieron no dar declaraciones a la prensa. Ricardo González, del área de Personal, dijo a plazademayo.com que la empresa no realizaría, por el momento, declaraciones sobre el tema. Similar posición tuvo el sindicato.

–No hay paro –dijo un individuo que se identificó como Juan González en la sede sindical de la UTA–. No hay paro, no sé de qué me hablás.

–No se ven colectivos 60 circulando por Buenos Aires. Es su línea más importante y los delegados dicen que declararon el paro. ¿En el sindicato desconocen esta situación?

–No sé de qué me hablás. No hay paro.

–¿Podría hablar con un dirigente de la organización?

–Están en el ministerio de Trabajo.

–¿Por el paro de la línea 60?

–Los compañeros no tienen por qué decirme sus movimientos. No hay paro. No sé por qué están en el ministerio de Trabajo.

Sin embargo, los usuarios que se dirigen del centro hacia la zona norte o viceversa, o cualquier transeúnte de los recorridos de todos los ramales de la línea insignia del transporte colectivo en Buenos Aires o alrededores, dan cuenta de la falta de circulación de los tradicionales ómnibus amarillos.

La escalada de aprietes, amenazas y ataques contra trabajadores que defienden sus derechos ha alcanzado una nueva altura con el incendio del auto de un trabajador en el porteño barrio de Flores. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández, cuyo padre fue chofer de colectivos (según contó la semana pasada al burlarse de la medida de fuerza de los trabajadores del subterráneo, escindidos de la UTA luego de ataques similares) debería actuar para que cese la persecución. Es una tarea pendiente de suma urgencia